La parodia de los poderes democráticos: ahora el judicial, en diciembre el electoral

11/09/2015

Por más que los usos democráticos han configurado la mentalidad de nuestras sociedades civilizadas, no es difícil suponer que, a estas alturas, todo el mundo es capaz de entender sin asombro cómo funciona la “justicia revolucionaria” en cualquier régimen que la proclame. Lo hemos visto por igual en sistemas bolcheviques y fascistas; en los que se han puesto bajo la bandera del anticolonialismo o de la ortodoxia islámica; en la Francia de Fouquier-Tinville, en la Alemania de las Leyes de Núremberg y en las setenta ejecuciones de altos funcionarios que se han producido en los últimos tres años en la Corea de Kim Jong-un. Detrás de todo ello está siempre la palabrería mistificadora sobre el orden nuevo que es necesario alumbrar; sobre las injusticias pasadas; sobre la revitalización del alma del pueblo que sólo el gran líder es capaz de conseguir, decidido como se muestra a arrancar con su mano de hierro las malas hierbas causantes de la decadencia y de la degeneración. Y todos sabemos claramente que el fin es la justificación del despotismo para conservar el poder mediante el uso de la violencia. Nada más.

Tampoco escapa hoy a nadie que semejantes regímenes no se presentan nunca como adversarios de la democracia y de la libertad, sino, por el contrario, como sus auténticos valedores frente a la estafa de la “democracia burguesa”. Desde luego, sostener eso a pesar de la opresión a la que someten a los ciudadanos no es cosa sencilla, y durante décadas el hecho de intentarlo ha implicado tener que desplegar un impresionante aparato retórico para asentar sobre él los dogmas de la ideología. Pero, perdidas precisamente las ideologías en esa babel que ellas mismas levantaron, la opinión pública de nuestro tiempo prefirió reconocer lo democrático únicamente en sus formas, de modo que si un régimen parecía una democracia, porque contaba con sus instituciones características, había que pensar que lo era. De esa manera, y tras pretender suplantar la concepción liberal de la democracia con su propia idea de lo que significaba la libertad, el totalitarismo revolucionario se dedicó entonces a imponer también su sesgo sobre nociones como el Estado constitucional, los derechos ciudadanos, las funciones del poder público y el ejercicio de la soberanía popular, señas todas universalmente aceptadas de la identidad democrática.

El chavismo fue un hito para el triunfo de este nuevo modelo, que en un artículo para Cuadernos de pensamiento político califiqué en su día de “totalitarismo paródico”. El establecimiento de una dictadura se había caracterizado normalmente porque no existían instituciones legítimas sino de facto; sin embargo, la criatura venezolana del régimen de los Castro era capaz de hacer convivir ambos rasgos, pues mantenía el tejido legal e institucional derivado de un proceso constituyente aparentemente libre y soberano, pero lo ocupaba por completo hasta convertirlo en el instrumento de su tiranía. Cuando los ciudadanos ponían en funcionamiento semejantes instituciones, la arbitrariedad del gobierno quedaba fortalecida, pues no servían ellas sino para refrendarlo. En un libro publicado en 2014, El Tribunal Supremo de Justicia al servicio de la revolución, cuatro abogados venezolanos advirtieron que ninguna de las más de las 45.000 sentencias emanadas en los últimos nueve años del órgano encargado de controlar la legalidad de los actos gubernamentales ha representado un fallo adverso para el Ejecutivo. Ni las expropiaciones de industrias, de empresas o de tierras, ni los controles de divisas, costes y precios, ni las leyes de la Asamblea que han ampliado hasta el escándalo las atribuciones del presidente, ni las persecuciones contra los disidentes: nada ha merecido del “poder Judicial” una reprobación de la conducta del gobierno.

¿Qué tiene de asombrosa, pues, la arbitraria condena que ha recaído sobre Leopoldo López? Si alguien esperó que se beneficiara de la clemencia que al fin le valió la excarcelación condicional a la jueza María Lourdes Afiuni, una presa de Chávez por cuya libertad abogaron desde Human Rights Watch hasta Noam Chomsky, y que fue inhumanamente maltratada y hasta violada en prisión, será preciso insistir en que los objetivos de un régimen como el venezolano se reducen a uno solo: conservar el poder, y es claro que Leopoldo López es un líder cuyo coraje y valor ponen en jaque la mediocre jefatura del sucesor de Chávez (las últimas encuestas cifran su popularidad en un 22% del electorado). De modo, pues, que si no era cuestión de pensar que esta farsa de juicio iba a servir para algo más que para despejar de amenazas el camino por el que Venezuela marcha hacia la esclavitud, tampoco debe creerse que el régimen buscará otra cosa en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. De la acción de los venezolanos y de la presión internacional para impedir la burla de unas autoridades electorales de paja, tan sumisas como la juez que ahora ha condenado a Leopoldo, depende no sólo la liberación del preso de Ramo Verde, sino la de toda Venezuela.