¿CUÁNTAS ALARMAS HACEN UNA EXCEPCIÓN?

06/04/2020

La prórroga del estado de alarma anticipada por el presidente del Gobierno no despeja, sino que agrava las dudas jurídicas y constitucionales sobre la idoneidad de este instrumento para hacer todo lo que el Gobierno está haciendo. No se discute ahora el acierto de las medidas, sino la habilitación constitucional para tomarlas.

No se han limitado o restringido determinados derechos, sino que se han suspendido. La prohibición de reuniones y manifestaciones, la suspensión de espectáculos, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales, la prohibición de circulación de vehículos y personas, la fijación transitoria de residencia, la intervención y control de toda clase de transportes, son supuestos expresamente incluidos entre los que requieren de la declaración del estado de excepción según la ley orgánica 4/1981. A los derechos suspendidos, en estos días se suma otro, la libertad de culto de los individuos y las comunidades que no pueden llevar a cabo la expresión pública de sus celebraciones.

Entre los expertos a los que el Gobierno consulta en esta crisis, debería haber espacio para los juristas. El estado de derecho no está sometido a confinamiento y la Constitución se cuida mucho de recordarlo ¿Sería mucho pedir que cuando están en juego decisiones neurálgicas en la aplicación de la Constitución, existiera al menos un informe del Consejo de Estado que orientara la decisión del Gobierno y las posiciones de los grupos parlamentarios en este debate?


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